por BioBioChile
7 de noviembre de 2025
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La Dirección de Presupuestos (Dipres) informó que la deuda bruta del Gobierno Central alcanzó $143.399.824 millones en septiembre de 2025, representando el 42,7% del PIB y acercándose a su nivel más alto desde 1991. A pesar de un menor crecimiento en comparación con gobiernos anteriores, se proyecta que el indicador se mantenga estable a fin de año. En cuanto a ingresos y gastos públicos, los ingresos tributarios han aumentado un 7,5%, mientras que el gasto ejecutado alcanzó el 73,4% de lo presupuestado.
La Dirección de Presupuestos (Dipres) mencionó, en el Informe de Ejecución Presupuestaria a septiembre de 2025, que la evolución de la deuda bruta del Gobierno Central totalizó $143.399.824 millones, amenazando con tocar su nivel más alto desde 1991, es decir, de los últimos 34 años.
A septiembre de 2025, el indicador equivale al 42,7% del Producto Interno Bruto (PIB).
El stock de deuda al cierre del tercer trimestre, medido en dólares, fue mayor al nivel registrado al término del segundo trimestre, “debido al aumento neto de las emisiones realizadas entre julio y septiembre”, indicó la Dipres.
“De todos modos, aún quedan por emitir 0,9% del PIB y por amortizar 1,2% del PIB, respectivamente, por lo tanto, se proyecta que este indicador a diciembre de 2025 esté en línea con lo proyectado en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre”, añadió en un comunicado publicado en su sitio web.
Con respecto a esta situación, en el mismo comunicado, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, aseguró que en este Gobierno han realizado “un trabajo inédito en torno a la deuda pública”.
“Primero, la fijamos para incluirla como meta fiscal y definimos su nivel prudente en un 45% del PIB. Y, en segundo lugar, este año vamos a registrar el menor crecimiento del indicador como porcentaje del PIB desde que comenzó a crecer en 2008, convirtiendo a esta administración en la de menor aumento de deuda en los últimos tres gobiernos”, mencionó.
Ingresos y gasto público
En el Informe presupuestario a septiembre de 2025, la Dipres detalló que los ingresos totales del Gobierno Central “acumularon un crecimiento de 6,8% al tercer trimestre del año respecto del mismo período del año previo, incididos fundamentalmente por al alza de 7,5% de los ingresos tributarios totales”.
Contribuyeron a ese resultado, aunque en menor medida, el incremento de 28,3% en las transferencias de Codelco y de 9,4% de las imposiciones previsionales.
De acuerdo a la Dipres, “el positivo desempeño de los ingresos tributarios se explica tanto por los contribuyentes no mineros que registraron una expansión de 4,6%, como por aquellos que constituyen la minería privada, con un alza de 52,3%”.
Respecto de los primeros, dijo que destaca el crecimiento de 6,6% en los impuestos a la renta y de 4,0% en el caso del IVA.
Por el lado del gasto, el informe evidencia que a septiembre se ejecutó un 73,4% de la Ley de Presupuestos aprobada para el año.
Eso se desglosa en un avance “de un 75,9% del gasto corriente -que incluye los gastos que afectan al patrimonio neto, como el destinado a personal, subsidios y donaciones, y prestaciones previsionales-, de la mano de una ejecución de un 60,2% del gasto de capital -compuesto por inversión y por transferencias de capital-“.
La Dirección de Presupuestos señaló que, dentro de ese último componente, la inversión registró un avance del 56,3% respecto de lo contemplado para el año, “su mayor ejecución desde 2019”.
“Errores de proyección de ingresos por parte del Gobierno”
Por su parte, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó este viernes un informe en el que analiza el reemplazo que hizo el Ministerio de Hacienda del decreto donde había fijado sus metas fiscales anuales de Balance Estructural (BE), cambiándolas por unas más deficitarias.
Respecto a la razonabilidad de la causal invocada por el Ejecutivo para modificar sus metas de BE, el CFA observó que tuvo su origen, principalmente, “en errores de proyección de ingresos por parte del Gobierno”, y concluyó que “estos hechos no constituyen necesariamente un motivo extraordinario suficiente para sustituir las metas fiscales”.
En cuanto a la idoneidad del cambio de las metas de BE, el CFA señaló que podrían ser coherentes con una senda fiscalmente sostenible.
No obstante, advirtió que la menor exigencia de las nuevas metas fiscales “eleva el riesgo de superar el nivel prudente de deuda de 45% del PIB”, y planteó que el Ejecutivo establezca unas más exigentes hacia adelante y “realice el esfuerzo fiscal necesario para cumplirlas”.
