La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió la solicitud de desafuero del senador Miguel Ángel Calisto, presentada por la Fiscalía y autorizó al Ministerio Público a formular acusación en su contra por el delito de fraude al Fisco reiterado.
Con una resolución unánime, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió este martes el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto, a raíz de una investigación en su contra por presunto fraude al fisco. Al acoger la solicitud de desafuero del exdiputado presentada por el Ministerio Público, el tribunal de alzada da luz verde para que continúe la investigación penal en su contra. Cabe recordar que la Fiscalía Local de Coyhaique acusa a Calisto de presuntos delitos reiterados de fraude al fisco, por un monto de más de $100 millones, los cuales habría cometido durante su período como diputado. De
La Fiscalía había solicitado una pena de hasta 12 años de presidio en el marco de la acusación presentada contra el parlamentario.
La resolución del tribunal de alzada fue unánime. El exdiputado está siendo acusado por la Fiscalía Local de Coyhaique por delitos reiterados de fraude al Fisco.
La decisión fue adoptada de manera unánime por el tribunal, que descartó que la resolución cuestionada representara una amenaza a la libertad o seguridad individual del parlamentario.
El tribunal de alzada de Puerto Montt deberá definir si despoja de la inmunidad o no al parlamentario, imputado por presunta defraudación fiscal. La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía acusó "delitos reiterados que afectaron el correcto desempeño de la función pública".
"Este funcionario público malogró los principios de objetividad integridad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública con este perjuicio millonario”, aseguró Eugenio Campos ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
La indagatoria apunta a un perjuicio superior a $100 millones por contratos de asesorías que, según el Ministerio Público, nunca se realizaron.
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El administrador Público Fernando Peña conversó con Reportajes Teletrece de cómo ha sido todo el proceso desde que la fiscal Constanza Encina llegó hasta su oficina para liderar diversos allanamientos en Junaeb y en el Congreso en el marco de un caso por graves delitos de corrupción. Varios de esos informes que constan en la carpeta investigativa fueron aportados por el propio jefe del servicio, quien comentó en exclusiva: “Me interesa que lo que denunciamos no decaiga, se investigue y se encuentre la verdad”. Mientras que al mismo tiempo aseguró que “hay antecedentes suficientes para explicar que acá hay una situación irregular al margen de la Ley”.
El abogado del congresista, Nelson Salas, ingresó un recurso de apelación en contra de la determinación que implicó el rechazo del amparo. Exigen que se les dé copia de todos los antecedentes y que se amplíe la indagación en 120 días.
El Ejecutivo repondrá el uso de recursos del seguro de cesantía, fórmula que ya había sido rechazada durante la tramitación en el Senado. Parlamentarios también advirtieron diferencias sobre quiénes podrán acceder al beneficio y pidieron incorporar aportes de los empleadores.