La diputada PC sostiene que la resolución presenta vicios de ilegalidad y acusa que Contraloría excedió sus atribuciones. Su defensa afirma que hubo tres tasaciones independientes, que no se transfirieron recursos municipales y que la operación fue detenida tras la instrucción del organismo.
La diputada y exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, representada por el abogado Leonardo Cofré, interpuso una demanda contra el Fisco y la Contraloría para poder anular un sumario administrativo que la responsabilizó de la fallida compraventa de la exclínica Sierra Bella. La parlamentaria dedujo una demanda de nulidad de derecho público contra el Fisco y la Contraloría respecto al acto administrativo adoptado por el órgano de control. Según el documento revelado por La Tercera, en la resolución exenta n.º RE14499/2026 de Contraloría se apuntó a que Hassler incumplió el principio de probidad administrativa al subscribir el decreto alcaldicio n.º 810 de
La exalcaldesa sostiene que hubo vicios jurídicos en el sumario y que no se acreditó un perjuicio patrimonial para el municipio.
Si bien no le impuso sanciones, el órgano determinó que la exalcaldesa de Santiago faltó al principio de probidad al intentar adquirir el inmueble para crear una "clínica municipal". La hoy diputada acusó vicios de ilegalidad, y que el ente liderado Dorothy Pérez excedió sus atribuciones.
La diputada por el distrito 10 y exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, representada por el abogado Leonardo Cofré, interpuso una...
La congresista apuesta por anular la resolución con la que el órgano de control estableció su responsabilidad administrativa. Asegura que hay fundamentos contrarios a la norma y una serie de vicios de ilegalidad.
El jefe comunal de Ñuñoa denunció que el propietario de Power Graphics se apareció a las dos de la madrugada el pasado 16 de septiembre para supuestamente amedrentar a un funcionario que supervisaba el retiro de infraestructura publicitaria declarada como “ilegal”. De acuerdo a la acción judicial, el empresario–conocido por sus nexos con la senadora Karol Cariola–le habría dicho que no podían retirar sus letreros, advirtiendo: “Eso no se quedará así. Verán lo que pasará”. Ante esto, el abogado de Frings, sostuvo a Reportajes Teletrece que esa noche, tras regresar de un restaurante, se detuvo al detectar que estaban interviniendo uno de sus carteles. Por ello, advirtió a los trabajadores que “no tenían permiso legal”, pero descartó haber realizado amenazas.
La exministra de Justicia advirtió en Tema del Día de BBTV que el sistema de persecución penal requiere una nueva etapa de modernización ante una criminalidad mucho más compleja que la existente cuando comenzó la Reforma Procesal Penal. Entre los cambios que propone está establecer límites a la duración de las investigaciones antes de la formalización, profundizar la especialización de los fiscales y evitar causas que acumulan miles de antecedentes sin un objetivo investigativo claro.
Jorge Bofill y César Ramos renunciaron al patrocinio del congresista indagado por fraude al Fisco. La apuesta será recomponer las comunicaciones con la Fiscalía y afrontar con un nuevo aire lo que resta de indagación.
Se trata de Carlos Frings–dueño de Power Graphics–, quien presentó la acción judicial al detectar que varios de sus carteles y plataformas publicitarias fueron eliminados por instrucción del jefe comunal. Este empresario ha estado envuelto en varios conflictos con diversos municipios por las mismas dinámicas denunciadas por el edil ñuñoíno y su nombre tomó mayor conocimiento público cuando fue vinculado a diversos favores que pidió la entonces diputada Karol Cariola a Irací Hassler–cuando dirigía Santiago–con el propósito de que lo recibiera, pues quería financiar proyectos sociales en la comuna. Esta es la historia que tiene en pie de guerra a Sebastián Sichel con el denominado “rey” publicitario.
Los diputados republicanos Luis Sánchez y Juan Irarrázaval retiraron la querella presentada tras conocerse los chats entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler por gestiones vinculadas al empresario Emilio Yang, propietario de China Mart. Con ello, el Ministerio Público deberá resolver si continúa o no con la investigación por un eventual delito de tráfico de influencias. Aunque inicialmente sostuvieron que los antecedentes justificaban una acción penal, tras desistirse de la querella los parlamentarios no entregaron explicaciones sobre las razones de su decisión.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de un sujeto condenado a...
Los diputados Luis Sánchez y Juan Eduardo Irarrázaval solicitaron a la Fiscalía formalizar la investigación y pedir el desafuero de la senadora Karol Cariola y la diputada Irací Hassler en la causa Chinamart. La defensa de Cariola sostiene que corresponde cerrar la investigación sin imputaciones.
El 20 de octubre de 2025, el fiscal Patricio Cooper ingresó al Séptimo Juzgado de Garantía un escrito comunicando su decisión de no perseverar en la investigación por la compraventa de la casa del expresidente Allende, por considerar que no había antecedentes para acusar a los imputados. Cinco meses antes había usado la misma fórmula para cerrar la indagación por la compra de la ex clínica Sierra Bella.
La parlamentaria PC rechazó los cuestionamientos por la postura de su partido frente a la megarreforma y sostuvo que el Gobierno nunca estuvo dispuesto a modificar aspectos centrales del proyecto. Además, afirmó que “conversar siempre se puede”, pero descartó que implique renunciar a convicciones.
Antecedentes bancarios contenidos en el expediente judicial contra la senadora Karol Cariola evidencian que la parlamentaria comunista no sólo mantenía una cercana relación de amistad con Bo "Emilio" Yang, sino que además arrastraba una millonaria deuda con él. Se trata del mismo empresario chino —con amplias redes en Chile— por el que Cariola abogó frente a la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), y quien fungió como "intermediario" del arriendo del departamento donde residía la congresista. Según antecedentes obtenidos por la Unidad de Investigación de Bío Bío, Cariola pagó la deuda recién después de que el caso explotó, con dineros de un familiar.