La acusación contempla delitos tributarios, lavado de activos, cohecho, soborno y tráfico de influencias, entre otras imputaciones.
El Ministerio Público presentó la acusación formal contra el grupo de seis abogados y empresarios por delitos de estafa, lavado de activos y sobornos que afectaron al mercado financiero y a organismos públicos. La causa entra en su recta final a la espera de que el tribunal fije la fecha para la preparación del juicio oral.
La Fiscalía cerró la investigación del caso Audio-Factop y presentó acusación contra seis imputados. Las penas solicitadas van desde 10 años y un día hasta 20 años de presidio.
Ministerio Público presentó acusación ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, incluyendo nuevos antecedentes y delitos en algunas de las imputaciones. Daniel Sauer y Leonarda Villalobos arriesgan 20 y 18 años, respectivamente.
La Fiscalía de Investigación Especializada de la Fiscalía Oriente informó este martes el cierre de la investigación del caso Audio-Factop, que tiene como imputado principal al abogado Luis Hermosilla. Cabe recordar que la causa se abrió en 2024 e indaga presuntos delitos de infracción a la Ley General de Bancos, estafa, uso malicioso de instrumento privado mercantil y distintos delitos tributarios. Así, el caso tiene como imputados a Luis Hermosilla, Daniel Sauer, Ariel Sauer, María Leonarda Villalobos, Luis Flores y Antonio Jalaff. El fiscal adjunto de la Fiscalía de Investigación Especializada de la Fiscalía Oriente, Juan Pablo Araya, señaló que
El Ministerio Público presentó acusación contra seis imputados y busca llevarlos a juicio oral. Las penas solicitadas van desde 10 años y un día hasta 20 años de presidio. Para Daniel Sauer pide la sanción más alta, mientras que para María Leonarda Villalobos solicita 18 años.
Entre los acusados se encuentran Ariel Sauer, Daniel Sauer, Luis Flores, Antonio Jalaff, y María Leonarda Villalobos.
La Fiscalía de Investigación Especializada de la Fiscalía Oriente cerró la investigación del llamado caso Audio-Factop y presentó acusación...
El otrora poderoso abogado enfrenta cargos por delitos tributarios, lavado de activos, cohecho, soborno y tráfico de influencias. Su colega Leonarda Villalobos -quien hizo la grabación clandestina que destapó el escándalo- arriesga 18 años.
Una persona falleció tras un accidente minero registrado al sur de Taltal, región de Antofagasta. Sernageomin se trasladó al lugar para investigar las causas del incidente.
Se trata de la segunda declaración que entrega la expareja de Ángela Vivanco. En su primera comparecencia ante los fiscales buscó blindar a la exvocera de la Suprema: “Ella nunca supo de la plata”, dijo. Ahora, sentado frente a los investigadores, decidió revelar nuevos antecedentes sobre la relación con los otros intervinientes.
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El interventor de la quiebra de Rodrigo Topelberg, Mauricio Contreras, busca anular judicialmente el traspaso de un Jeep Wrangler, acusando que la operación intentó ocultar patrimonio a días de su liquidación forzosa, en 2023. El liquidador acusa que Topelberg ha sido visto conduciendo el vehículo con posterioridad.
La Fiscalía Regional del Ñuble cerró la investigación por violación de secreto contra el fiscal nacional al no reunir antecedentes suficientes para acusarlo. La audiencia quedó fijada para el 25 de septiembre.
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El empresario fue sentenciado por estafa, cohecho, soborno, delitos tributarios y administración desleal.
El fiscal Felipe Sepúlveda destacó que Jalaff "ha prestado una colaboración que es relevante en la investigación".
El empresario fue condenado tras un procedimiento abreviado luego de reconocer el pago de coimas por unas 10 mil UF a Luis Hermosilla para destrabar un proyecto inmobiliario. La sentencia contempla cinco años de libertad vigilada intensiva y el pago de una multa de $700 millones.
Ex socio de Grupo Patio se sometió a un procedimiento abreviado para evitar el juicio oral, lo que implicó aceptar los cargos y comprometer el pago de multas por de $220 millones en la arista del CDE y $500 millones en la del SII. Mientras los querellantes privados y el CDE respaldaron el acuerdo y renunciaron a futuras acciones penales, el SII objetó el monto, argumentando que no cubre ni el 50% de los perjuicios, aspecto que se debatirá hasta el cierre de la audiencia.