por Publimetro
5 de febrero de 2026
La Fiscalía regional de Antofagasta tiene un plazo de cinco días para apelar la resolución que dejó con arraigo nacional a Alberto Larraín y otros imputados por presunto fraude en convenios con el Gobierno Regional Metropolitano.
En la audiencia realizada recientemente, cuatro de los imputados quedaron con arraigo nacional y uno con arresto domiciliario total, sin medidas cautelares más gravosas. Esto significa que la Fiscalía podría recurrir a la Corte de Apelaciones para revertir la decisión, con el objetivo de aplicar medidas más estrictas mientras continúa la investigación.
El rol del desafuero en el caso Orrego
El punto más sensible dentro del proceso es el desafuero del gobernador Claudio Orrego. La Fiscalía ya ingresó la solicitud de desafuero, que será revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago en un pleno extraordinario durante las próximas semanas. Esta audiencia puede suspenderse si alguna de las partes lo solicita.
De acuerdo con un reportaje de T13, existen chats atribuidos a Alberto Larraín donde se menciona a Orrego previo a la adjudicación del programa “Quédate”, por más de 1.600 millones de pesos, antecedentes que podrían incorporarse en la vista del desafuero.
Medidas cautelares y funcionamiento del proceso
El exfiscal Andrés Cruz explicó que las medidas cautelares actuales no constituyen pena anticipada y que la investigación puede seguir avanzando incluso si la Fiscalía no apela. Por su parte, el desafuero funciona como un antejuicio, permitiendo diligencias y medidas cautelares sin necesidad de acreditar responsabilidad penal definitiva.
El fiscal nacional Ángel Valencia recalcó que Orrego tiene calidad de imputado, aunque aún no esté formalizado. La abogada Milencka Altamirano añadió que, si la Corte de Apelaciones rechaza el desafuero, la decisión puede ser apelada ante la Corte Suprema, extendiendo los plazos de definición.
Nudo político y judicial
Mientras la Fiscalía decide si apela por cautelares más duras, el caso ProCultura mantiene su principal tensión en torno al desafuero del gobernador Orrego, instancia clave donde el Ministerio Público deberá demostrar la existencia de antecedentes suficientes para avanzar en la investigación, aunque el proceso penal aún no llegue a la etapa de juicio oral.
